Buen Gobierno Cooperativo: fortaleciendo la confianza en el sector solidario

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) emitió la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESF-INFMR-INGINT-2025-0144, que establece lineamientos obligatorios de Buen Gobierno Cooperativo para las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y cajas centrales.

Para fortalecer la transparencia, la democracia interna y la sostenibilidad de las entidades financieras populares y solidarias.

1. Principios rectores

La norma se apoya en valores universales del cooperativismo: ética, transparencia, rendición de cuentas, igualdad, no discriminación, eficiencia, responsabilidad social, innovación, resiliencia y autogestión. Estos principios deben ser la guía de toda gestión.

2. Reglamento de Buen Gobierno

Cada entidad debe contar con un reglamento que incluya:

• Estructura de gobierno (asamblea, consejos, comités, auditorías, control de riesgos).
• Reglas para elecciones, remoción de autoridades y designación del gerente.
• Políticas de remuneraciones, capacitación continua y mecanismos de rendición de cuentas.
• Definición de infracciones y sanciones.

3. Órganos de gobierno

• Asamblea o Junta General: máximo órgano de decisión, con períodos de hasta 4 años y sin prórrogas. Garantiza la participación democrática de los socios.
• Consejo de Administración: dirige la estrategia, aprueba planes de sucesión para cargos críticos y supervisa a la gerencia.
• Consejo de Vigilancia: controla la gestión económica y de riesgos, propone auditores y vela por la transparencia.
• Gerencia: responsable de la gestión operativa, inclusión financiera, educación de socios y prevención del sobreendeudamiento.

 

4. Talento humano y formación

Se exige una política de talento humano basada en mérito e igualdad. Toda persona que ingrese a un órgano de gobierno, dirección o control deberá pasar por inducción obligatoria. Además, los directivos y socios recibirán formación continua en cooperativismo, ética y gestión.

5. Control interno y auditorías

Las entidades deben contar con un sistema de control interno preventivo y documentado, que incluya:

• Auditor interno y auditor externo independientes.
• Informes periódicos a la Asamblea.
• Canales formales de rendición de cuentas y retroalimentación de socios.

6. Comisiones y comités

Se crean órganos de apoyo técnico obligatorios:

• Comisión de Educación: fomenta la formación en cooperativismo y educación financiera.
• Comisión de Resolución de Conflictos: atiende denuncias y reclamos internos, con debido proceso.
• Comité de Buen Gobierno: evalúa prácticas de gobernanza y recomienda mejoras.
• Comité de Elecciones: garantiza procesos electorales democráticos e imparciales.

7. Código de Ética

Obligatorio en todas las entidades, debe abordar: prevención de conflictos de interés, anticorrupción, transparencia en captación de recursos, igualdad y no discriminación, manejo responsable de información y principios de integridad. Su cumplimiento será vigilado por la Comisión de Resolución de Conflictos.

8. Transparencia e información pública

Las entidades deberán publicar en su página web: misión, visión, estatutos, código de ética, normativa electoral, productos y servicios, estados financieros y distribución de excedentes. También se incluyen indicadores de buen gobierno (número de socios, sesiones, capacitación, reclamos, composición de órganos, entre otros).

9. Infracciones y sanciones

Se clasifican en leves, graves y muy graves, dependiendo del nivel de afectación a la entidad o a la participación democrática. El reglamento interno debe definir procedimientos disciplinarios con respeto al debido proceso.

10. Plan de viabilidad

Cada entidad deberá elaborar un plan anual de viabilidad para anticipar escenarios de riesgo e incluir medidas como reducción de riesgos, capitalización, fusiones y ajustes estratégicos. El objetivo es proteger los recursos de los depositantes.

11. Disposiciones adicionales

• Se prohíbe el nepotismo en cargos directivos y la contratación con familiares cercanos.
• Se sanciona la reunión externa de directivos con proveedores.
• Se otorgan plazos de adecuación: hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar reglamentos, y hasta abril de 2026 para ajustar los códigos de ética.

 

Esta norma marca un nuevo estándar para el sector financiero popular y solidario en Ecuador. Más que un marco legal, es una guía para instituciones más transparentes, inclusivas y responsables, donde los socios participan activamente y las decisiones se toman en función del interés colectivo.

Referencia:

SEPS. (05 de Septiembre de 2025). RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESF-INFMR-INGINT-2025-0144. Obtenido de https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/RESOLUCIO%CC%81N_No._SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESF-INFMR-INGINT-2025-0144-signed.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Extracto de la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INSESF-INFMR-INSEPS-INGINT-2025-0148

Cajas comunales y de ahorro: la nueva normativa que marca el rumbo del sector solidario

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) emitió en septiembre de 2025 la Resolución No. SEPS-IGT-2025-0148, una norma de control que regula de forma integral a las cajas comunales y cajas de ahorro.

Con el objetivo de garantizar mayor transparencia, orden y confianza en estas organizaciones que forman parte del corazón de la economía popular y solidaria en Ecuador.

1.     Qué son y a quiénes alcanza

• Cajas comunales: actúan exclusivamente en el recinto/comunidad/barrio donde se constituyen; su vínculo común es geográfico y solo pueden operar respecto de una sola comunidad o barrio legalmente reconocido.
• Cajas de ahorro: su vínculo común es social o laboral (mismo gremio/institución, grupo de trabajadores con empleador común, grupos familiares o barriales; también socios de cooperativas distintas a las de ahorro y crédito).

2.     Constitución: el punto de partida

Para obtener personalidad jurídica, las cajas deben demostrar un vínculo común (geográfico en las comunales, social o laboral en las de ahorro) y cumplir con requisitos como:

• Al menos 10 socios fundadores.
• Estatutos sociales y acta constitutiva.
• Manuales internos de ahorro, crédito y prevención de lavado de activos.
• Documentos que acrediten la existencia legal de la comunidad, gremio o institución.

3.     Catastro y clasificación

Todas las cajas deben estar inscritas en un catastro oficial y público que incluye su denominación, vínculo común, estado jurídico, ubicación y representante legal.
Además, se las clasifica por nivel de activos en tres grupos:

·        Grupo 1: Hasta USD 100.000

·        Grupo 2: Entre USD 100.001 y 400.000

·        Grupo 3: Más de USD 400.001

Esta categorización permite aplicar reglas proporcionales según el tamaño de la organización.

4.     Gobierno cooperativo: democracia y participación

El corazón de la resolución está en el gobierno cooperativo, que asegura que las cajas funcionen con transparencia y decisión colectiva. La estructura es la siguiente:

• Órgano de Gobierno: la asamblea de socios, máxima autoridad, donde cada persona tiene un voto. Decide sobre cuentas, balances, elecciones y resoluciones.
• Órgano Directivo: administra y fija políticas. Su número de vocales depende del tamaño de los activos.
• Órgano de Control: supervisa actividades económicas y administrativas, velando por el cumplimiento de regulaciones.
• Representante legal: gestiona y representa a la caja legalmente. Debe cumplir requisitos de preparación, experiencia y no tener vínculos de parentesco que afecten la independencia

Las asambleas pueden ser presenciales o virtuales, siempre con quórum y procedimientos claros. Las elecciones de directivos y representantes se realizan por voto secreto para garantizar legitimidad.

• Quórum: Más de la mitad; si no hay quórum, se espera 1 hora; de persistir, nueva convocatoria.
• Composición por tamaño (activos)

·        Órgano Directivo:

o   Hasta USD 100.000: 1 vocal principal + 1 suplente.

o   Más de USD 100.001: 3 vocales principales + 3 suplentes, entre quienes eligen presidente y vicepresidente.

·        Órgano de Control:

o   Hasta USD 100.000: 1 principal + 1 suplente.

o   Más de USD 100.001: 3 principales + 3 suplentes, con presidente y vicepresidente.

5.     Financiamiento y límites

• Se sostienen exclusivamente con aportes de los socios.
• Pueden recibir fondos externos de proyectos de desarrollo, pero bajo control de la SEPS y cumpliendo normas de transparencia.
• Está prohibido captar recursos de terceros ajenos al vínculo común

6.     Liquidación: cómo se cierra una caja

La norma establece tres escenarios:

• Voluntaria: decidida por los socios en asamblea.
• Forzosa: determinada por la SEPS ante incumplimientos (como dejar de atender a socios o incumplir obligaciones).
• Judicial: cuando así lo dispone un juez competente.

En cualquier caso, se nombra un liquidador, que se encarga de pagar deudas, cerrar cuentas y presentar un informe final. Si sobran valores no reclamados, se transfieren al Tesoro Nacional.

7.     Disposiciones transitorias: la etapa de adaptación

• Las cajas que ya existían deben adecuar sus estatutos y registrarse nuevamente en el catastro público.
• Durante este periodo, rige una moratoria: la SEPS no puede constituir nuevas cajas hasta que la Junta de Política y Regulación Financiera lo autorice.
• En un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor, todas deben cumplir con los nuevos requisitos

La resolución rige desde el 20-nov-2025.

Referencia

SEPS. (10 de Septiembre de 2025). RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INSESF-INFMR-INSEPS-INGINT-2025-0148. Obtenido de https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/RESOLUCIO%CC%81N-No.-SEPS-IGT-IGS-IGJ-INSESF-INFMR-INSEPS-INGINT-2025-0148-signed-1.pdf

 

 

 

Ciberseguridad: un pilar clave para el futuro del sector cooperativo ecuatoriano

 

En un entorno financiero cada vez más digital, la ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo de los bancos. Hoy, también las cooperativas por su cercanía con los usuarios y su creciente digitalización deben priorizar la protección de sus sistemas, datos y operaciones.

La transformación tecnológica ha impulsado avances notables en la gestión financiera, pero también ha abierto puertas a nuevos riesgos. Los ataques cibernéticos, como el robo de datos, los virus troyanos o el phishing se multiplican cada año, afectando tanto a grandes entidades como a organizaciones comunitarias. Según estudios regionales, los sectores con mayor dependencia de sistemas informáticos son los más vulnerables ante este tipo de amenazas.

Las cooperativas ecuatorianas están adoptando cada vez más herramientas digitales para gestionar cuentas, créditos y servicios en línea. Sin embargo, muchas aún no cuentan con estrategias formales de ciberseguridad ni con personal especializado. La experiencia del sector financiero internacional demuestra que invertir en prevención y capacitación es la mejor defensa.

Una estrategia sólida de ciberseguridad parte de cuatro pilares esenciales (Nieto, Meléndez, Herrera, & Solís, 2023):

1. Diagnóstico continuo: identificar riesgos en los sistemas, redes y bases de datos.
2. Protocolos de acción y prevención: definir pasos claros ante incidentes o intentos de ataque.
3. Soluciones tecnológicas adecuadas: incluir herramientas de detección, bloqueo de malware y control de accesos.
4. Capacitación constante: formar al personal y promover buenas prácticas digitales dentro de toda la organización.

Sin olvidar que capacitar es proteger, y que el componente humano es, en la práctica, el eslabón más débil pero también el más poderoso de la seguridad digital. Los ciberataques muchas veces no se deben a fallas tecnológicas, sino a descuidos cotidianos: contraseñas compartidas, correos fraudulentos abiertos por error o la falta de actualizaciones en los dispositivos. Por eso, fortalecer las capacidades del equipo es tan importante como invertir en software o infraestructura. La capacitación constante permite que los colaboradores aprendan a identificar riesgos, a manejar la información con responsabilidad y a responder con agilidad frente a posibles amenazas

Además, la formación en ciberseguridad genera una cultura organizacional más consciente. Cuando los equipos entienden el valor de la información que manejan, se vuelven aliados naturales de la protección institucional. Desde los directivos hasta el personal operativo, todos deben conocer las buenas prácticas digitales y comprender que la seguridad no es un asunto del área técnica, sino una responsabilidad compartida.

El marco legal ecuatoriano, junto con las regulaciones impulsadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), avanza en la protección de datos y en la promoción de la digitalización segura. Pero la verdadera fortaleza está en que cada cooperativa asuma la ciberseguridad como parte de su cultura y confianza institucional. Adoptar una visión integral que combine tecnología, capacitación y compromiso humano es la mejor forma de blindar al sector cooperativo frente a los desafíos del mundo digital.

En definitiva, invertir en ciberseguridad no solo protege la información. También fortalece la credibilidad, la transparencia y la sostenibilidad de un modelo cooperativo que, más que nunca, necesita ser digital y confiable.

Referencia:

Nieto, A., Meléndez, M., Herrera, A., & Solís, O. (2023). Estrategia de Ciberseguridad para Fortalecer el Sector Financiero. Obtenido de UMECIT: https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/sc/article/view/1297